La eventual destinación del antiguo Motel Mansión Real, inmueble incautado por lavado de activos, como centro de reclusión transitorio ha generado preocupación y rechazo entre habitantes de sectores aledaños.
Representantes de varias juntas de acción comunal se reunieron recientemente con funcionarios de la Gobernación de Boyacá, quienes aclararon que el proyecto aún no cuenta con autorización del Ministerio de Justicia y que, por tanto, no existe contratación alguna ni estudios previos en curso para su ejecución.
Durante el encuentro también se informó que la propiedad fue entregada por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) al Gobierno de Boyacá y que su adecuación está prevista para el cumplimiento de medidas de arresto relacionadas con casos de violencia intrafamiliar y violencia basada en género.
Según lo expresado por los voceros comunitarios, la administración departamental manifestó que, en caso de avanzar la iniciativa, cualquier decisión será previamente concertada con la comunidad. Asimismo, se indicó que, si los residentes mantienen su oposición al proyecto, se evaluarán otros usos para el inmueble.
La Gobernación anunció que emitirá un pronunciamiento oficial sobre el tema, mientras los habitantes de la zona permanecen atentos al desarrollo de las gestiones y reiteran su disposición a participar en el proceso de diálogo y concertación.
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