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viernes 03 de julio de 2026

Desarticulan red de extorsión que operaba desde la cárcel de Cómbita

Foto: Policía Metropolitana de Tunja.

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De acuerdo con la investigación revelada por el coronel coronel Javier Gustavo Lemus Pinto, comandante de la Policía Metropolitana de Tunja, el dinero producto de las extorsiones era recibido y retirado por personas ubicadas en diferentes regiones del país.

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Un contundente golpe contra la extorsión propinaron la Policía Nacional, a través del GAULA Boyacá, y la Fiscalía General de la Nación, al desarticular el grupo delincuencial común organizado denominado "Los Fantasmas", una estructura que coordinaba extorsiones desde diferentes centros penitenciarios del país y que obtenía ganancias ilícitas cercanas a los 700 millones de pesos mensuales.

El resultado se logró en el marco de la macrooperación "Zafiro", una investigación que comenzó tras la recepción de más de 18 denuncias presentadas por ciudadanos de los departamentos de Valle del Cauca, Putumayo, Huila, Tolima, Meta, Boyacá y Bogotá, quienes eran víctimas de la modalidad de falso servicio y posteriormente obligados, mediante amenazas y presiones psicológicas, a realizar transferencias de dinero.

Las labores investigativas incluyeron seguimientos, análisis de información, trazabilidad financiera y la recolección de elementos materiales probatorios, permitiendo establecer que gran parte de las llamadas extorsivas eran realizadas desde el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Cómbita.

De acuerdo con la investigación, el dinero producto de las extorsiones era recibido y retirado por personas ubicadas en diferentes regiones del país, quienes cumplían el papel de cobradores al servicio de la organización criminal.

Las autoridades establecieron que el principal cabecilla de la estructura, conocido con el alias de "pluma" y recluido en el pabellón 13 de la cárcel de Cómbita, dirigía las extorsiones a nivel nacional y, además, ejercía control criminal al interior del centro penitenciario.

Según las autoridades, más de 250 personas privadas de la libertad habrían sido víctimas de cobros ilegales relacionados con la asignación de celdas, autorizaciones de visitas, rifas obligatorias y supuestos aportes para elementos de aseo que nunca eran entregados. Quienes se negaban a pagar eran objeto de agresiones y represalias dentro del establecimiento carcelario.


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