La próxima administración municipal de Tunja tendrá el reto de asumir múltiples desafíos en diferentes sectores. Sin embargo, por sus implicaciones sobre el desarrollo económico, urbano, ambiental y social de la ciudad, el proceso de Ordenamiento Territorial debería ocupar un lugar prioritario en la agenda de gobierno.
Se trata de un proyecto estratégico que no ha logrado culminarse en más de diez años, pese a haber pasado por tres administraciones municipales y representar una inversión aproximada de 8.000 millones de pesos. Lo más preocupante es que, hasta la fecha, no se evidencia una evaluación técnica rigurosa que permita establecer las causas de los repetidos fracasos ni las responsabilidades derivadas de estos procesos inconclusos.
Después de una década de intentos fallidos, el proceso muestra señales evidentes de agotamiento institucional. Buena parte de esta situación parece estar asociada al desconocimiento de los procedimientos, metodologías y alcances propios de un Plan de Ordenamiento Territorial (POT), lo que ha generado incertidumbre tanto en las entidades encargadas de la concertación como en la ciudadanía.
Por ello, resulta indispensable corregir estas distorsiones y fortalecer significativamente el proceso mediante tres pilares fundamentales:
Claridad metodológica.
Capacidad técnica.
Participación ciudadana efectiva.
Es imperativo definir con precisión la metodología y las estrategias que orientarán la formulación y concertación del POT. Solo así podrán eliminarse las incertidumbres que han caracterizado las relaciones con la autoridad ambiental y con los distintos actores sociales involucrados.
Durante estos diez años, la administración municipal ha evidenciado serias limitaciones conceptuales y técnicas respecto a los contenidos temáticos, alcances, procedimientos y procesos que exige un instrumento de planificación territorial de esta magnitud. Esta realidad obliga a replantear el modelo de gestión adoptado hasta ahora.
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