La situación administrativa y jurídica en el municipio de Chivor, Boyacá, continúa generando inquietud entre la ciudadanía, luego de que el proceso judicial contra la alcaldesa electa para el periodo 2024–2027, Viviana Paola Marín Arévalo, llegara a una decisión en firme sin que, hasta ahora, se haya materializado una convocatoria a elecciones atípicas.
El caso ha cobrado relevancia regional debido a las preguntas que hoy circulan entre habitantes y líderes políticos sobre qué está ocurriendo con la ejecución del fallo judicial y si una situación semejante podría repetirse en otros municipios del departamento, como Tunja.
De acuerdo con el expediente judicial, el proceso de pérdida de investidura fue promovido por la ciudadana Andrea Patricia Novoa Roa ante el Tribunal Administrativo de Boyacá. En primera instancia, mediante sentencia del 29 de mayo de 2024, el Tribunal falló en contra de la mandataria municipal, al considerar acreditada una inhabilidad relacionada con el ejercicio de su cargo como concejal en el periodo anterior.
Posteriormente, el proceso fue revisado en segunda instancia por el Consejo de Estado, que el 9 de agosto de 2024 confirmó la decisión, dejando en firme la pérdida de investidura de la alcaldesa.
Según documentos conocidos dentro del caso, el 26 de noviembre de 2024 la Sección Primera del Consejo de Estado informó formalmente a las autoridades municipales de Chivor que la decisión se encontraba ejecutoriada, es decir, sin recursos pendientes y de obligatorio cumplimiento. Días después, el 4 de diciembre de 2024, el Tribunal Administrativo de Boyacá ordenó ejecutar la sentencia y archivar el expediente una vez se verificara su cumplimiento integral.
La discusión ha trascendido Chivor y algunos sectores empiezan a preguntarse si casos jurídicos abiertos en otras administraciones municipales, como Tunja, podrían derivar en escenarios similares.
Ponte en contacto con nosotros, escríbenos un mensaje.
