Por casos de homicidio, feminicidio, violación y pertenencia a pandillas, entró en vigor en El Salvador una reforma que permite condenar a menores de edad a cadena perpetua.
La medida, solicitada por el presidente Nayib Bukele, fue aprobada recientemente por la Asamblea Legislativa y establece que los menores culpables afrontarán estas condenas sin acceso a beneficios como la libertad condicional o anticipada. No obstante, tras 25 años, la sentencia podría ser revisada, aunque bajo ciertas condiciones.
Frente a esta iniciativa, organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Human Rights Watch han expresado su preocupación, al argumentar que estas condenas “desproporcionadas” no cumplen con el objetivo de ofrecer reinserción social a los menores y atentan contra el principio del derecho internacional de proteger a la niñez.
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