La Defensoría Nacional del Pueblo presentó el primer Informe de Seguimiento a la Alerta Temprana Electoral, un documento que analiza los factores de riesgo que podrían afectar el desarrollo de las elecciones.
Según el reporte, diversos grupos armados ilegales se han afianzado en municipios y corregimientos, donde ejercen control territorial y social.
De acuerdo con esta realidad, la Defensoría través del mecanismo de atención temprana electoral, emitió un llamado a la acción inmediata en 69 municipios; acciones urgentes en 168 localidades y acciones prioritarias en 433 poblaciones, para un total de 670 entidades territoriales que requieren acciones especiales.
En el documento se indica que el riesgo no solo afecta la logística electoral, sino también a las personas que participan activamente en la contienda democrática.
Candidatos y candidatas al Congreso, así como aspirantes en las consultas interpartidistas, han denunciado dificultades para adelantar sus campañas en zonas bajo influencia de actores armados.
En algunos casos, la censura y las amenazas han limitado recorridos, reuniones públicas y actividades proselitistas, afectando la equidad en la competencia política.
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, invitó a las entidades del Estado a priorizar intervenciones en los municipios con mayores niveles de riesgo. El llamado es a actuar con celeridad y coordinación para asegurar que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto sin presiones ni violencia. A pocos días de las elecciones, el reto no es menor: garantizar que la democracia prevalezca en los territorios donde hoy persisten el miedo y la intimidación.
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