Desde el pasado 1 de noviembre entró en vigencia la Ley 2494 de 2025, por medio de la cual se establecen medidas sobre la elaboración, publicación y divulgación de encuestas electorales en el territorio nacional.
La nueva norma tiene entre sus principales propósitos garantizar la calidad y confiabilidad de las encuestas, obligando a que las encuestas se puedan publicar solo a partir de noviembre y estableciendo responsabilidad penal por incumplir las "leyes de la estadística", una figura que no existe en el ordenamiento jurídico colombiano.
Así mismo, la Ley ordena que, en las encuestas sobre opinión pública y procesos electorales de carácter nacional, la muestra deberá incluir a todos los municipios y distritos con población igual o superior a 800.000 habitantes
Fija también la norma que, en su revisión posterior, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ejercerá vigilancia sobre el cumplimiento de la ley y especialmente sobre la forma en que se realizan las preguntas, no inducción a las respuestas, la adecuada selección de la muestra, la veracidad de los datos reportados, publicados y las buenas prácticas en todas las etapas de la encuesta hasta su publicación y divulgación.
Expertos advierten que esta disposición podría dar lugar a la judicialización de errores técnicos inherentes a la labor estadística, como desviaciones en la muestra o problemas operativos; lo mismo que la anulación automática de encuestas que no cumplan con requisitos formales como el orden de las preguntas o la firma de los responsables.
En caso de detectarse prácticas que induzcan respuestas, manipulen la muestra o alteren los datos publicados, se dará inicio al procedimiento sancionatorio correspondiente.
A través de la comisión técnica y de vigilancia de encuestas sobre opinión política y electoral, adscrita al CNE, se estudiará, evaluará, auditará y conceptuará sobre el cumplimiento de las disposiciones que regulan la elaboración y publicación.
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